En la sala TERRANOVA del Spain Smart Water Summit 2026, Víctor Roca, responsable del PERTE de la EPSAR, repasó cómo ha evolucionado la normativa sobre vertidos, qué plataformas ha creado la entidad para cumplirla y cómo planifica los nuevos planes de gestión integral que exigirá la regulación.
Roca presentó brevemente a la EPSAR, la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, una entidad de derecho público creada en 1992 que gestiona y construye sistemas de saneamiento y depuración financiados con el canon de saneamiento. Su trabajo se centra en el tratamiento en alta, es decir, colectores generales y depuradoras, y no en el alcantarillado ni en las redes de pluviales.
Fuente: Rafa Aparicio. iAgua
Lo más importante de la charla, dijo, es entender cómo ha cambiado la normativa sobre vertidos al medio. Tras la directiva europea de 1991 y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el real decreto de 2012 empezó a exigir que las autorizaciones de vertido controlen también los alivios de la red y la salida de sólidos gruesos, como plásticos y toallitas. En 2023 el Estado modificó en profundidad el reglamento, lo que creó la obligación de elaborar planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento, los PIGSS, y de controlar los desbordamientos. A ello se suma la orden TED/1191/2024 sobre el control telemático de los vertidos, que obliga a enviar a las confederaciones hidrográficas datos de volúmenes y desbordamientos.
Para responder a esa exigencia, la EPSAR, con financiación del PERTE, ha desplegado más de 2.000 sondas por toda la Comunidad Valenciana, entre ellas caudalímetros, sondas de calidad y de nivel, y ha creado una plataforma que recibe todos esos datos. Además de enviar la información a las confederaciones, la plataforma usa un algoritmo de inteligencia artificial para estimar, ante una lluvia, cuándo se producirá un desbordamiento, lo que permite avisar a los ayuntamientos con antelación. Es un trabajo aún en marcha, reconoció.
Los PIGSS son, explicó, una herramienta de planificación para decidir qué medidas hay que tomar para cumplir el reglamento. Hay que caracterizar el sistema, con todos los colectores generales y al menos el 25 % de la red de alcantarillado, y construir un modelo hidráulico que se calibre con mediciones reales, de modo que refleje la situación de un día de lluvia. El objetivo es alcanzar un rendimiento hidráulico del 60 % en los sistemas de más de 50.000 habitantes equivalentes y del 50 % en los demás.
Si el modelo actual ya cumple, el plan está resuelto; si no, hay que proponer medidas y volver a modelizar hasta lograrlo. Las medidas son de origen, como depósitos de tormentas, reducir la escorrentía o reutilizar agua de lluvia; de mejora de las infraestructuras, como eliminar infiltraciones de aguas claras en los colectores; de gestión, como planes de limpieza de colectores; y campañas de concienciación ciudadana. Todo con un cronograma de actuaciones a diez años. La EPSAR ya ha licitado los PIGSS de los sistemas que gestiona, mientras que los demás corresponden a otras administraciones.
Roca cerró con la nueva directiva europea, que crea los planes de gestión integral de aguas residuales y limita los desbordamientos al 2 % de la carga anual en tiempo seco. Según los estudios que citó, en España no se cumpliría, por lo que habrá que cuidar cómo se transpone. Y quedó la pregunta que preocupa a la entidad: cómo se van a pagar, y por quién, las infraestructuras de los próximos 15 o 20 años, para lo que la EPSAR está redactando ahora su planificación.
Cuando llueve fuerte, el sistema de saneamiento se mide en lo que no llega al río. Quizá lo que haga falta ya no sea solo más tuberías o más sondas, sino un plan que diga a quién le toca pagar por cada gota que se desborda.
Ana María Gómez Salgado